Fecha:
12/01/2011
Manuel García-Pelayo -primer presidente de Tribunal Constitucional- menciona en El Estado de partidos (Alianza, 1986) la tendencia sociológica de los dirigentes a concentrar el poder a costa de los afiliados en esas empresas políticas. La pesada y costosa maquinaria partidista encargada de hacer funcionar el sistema democrático, una compleja estructura organizativa público-privada gobernada por estatutos restrictivos, elecciones indirectas y severa disciplina, suele estar gestionada por líderes designados mediante cooptación para largos mandatos que mantienen relaciones asimétricas con los militantes de la base.

La constitucionalización a partir de la Segunda Guerra Mundial de unos partidos situados anteriormente extramuros del Estado y la financiación con dinero presupuestario de sus campañas electorales y gastos corrientes no han hecho sino ampliar la zona de eventuales colisiones entre la garantía constitucional objetiva que protege a esas organizaciones y el amparo de los derechos fundamentales subjetivos de los afiliados. Es cierto que los partidos desempeñan funciones básicas en el sistema democrático tales como expresar el pluralismo político, concurrir a la formación de la voluntad popular, legislar a través de los grupos parlamentarios y seleccionar a los gobernantes de la Administración central, autonómica y municipal. Pero también es verdad que esas asociaciones políticas voluntarias están formadas por ciudadanos que ingresan libremente en sus filas y que son titulares de derechos fundamentales -a la libertad de expresión o a la tutela judicial entre otros- cuyo contenido esencial no puede ser ignorado en caso de conflicto con la cúpula del partido.

Albert O. Hirschman dedicó una de sus geniales investigaciones interdisciplinarias (Salida, voz, lealtad, Fondo de Cultura Económica, 1970) a estudiar las respuestas dadas por los miembros de las organizaciones empresariales, comerciales o políticas descontentos con su funcionamiento. El agudo enfoque de Hirschman ayuda a entender las contestaciones de dos ex ministros del PP y del PSOE enfrentados con las actuales direcciones de sus respectivos partidos.

La réplica dada el pasado 1 de enero por Francisco Álvarez-Cascos a la Comisión Nacional Electoral del PP por haberle preterido como candidato a la presidencia de Asturias ha sido la salida del partido. No le faltaban, en verdad, méritos de guerra al aspirante al cargo, que ingresó hace 34 años en la Alianza Popular de Manuel Fraga, desempeñó la secretaría general del partido desde 1990 a 1999 y fue vicepresidente y ministro de Fomento del Gobierno de Aznar entre 1996 y 2004.

El emboscado candidato a la presidencia asturiana libró su batalla entre dos luces, azuzando a su clientela política para que exigiera públicamente su designación y declarándose al tiempo oficiosamente disponible a recibir el encargo. El fracaso de su intentona permite imaginar que un sector significativo de los populares (dentro y fuera de Asturias) detestan a Cascos al menos tanto como lo aman sus seguidores. La salida del PP en nombre de la dignidad herida es probablemente una coartada del perdedor para ocultar la escasa confianza en que su voz (los argumentos y las propuestas de cambio) pudiera darle la victoria.

Aunque su cursus honorum no sea tan brillante, el historial del socialista Antonio Asunción también tiene peso: alcalde de Manises y presidente de la Diputación de Valencia, fue después secretario de Estado de Instituciones Penitenciarias y ministro del Interior. En el ejercicio de sus derechos estatutarios, trató de forzar durante el último trimestre de 2010 unas primarias para disputar al secretario general Jorge Alerte (incapaz de levantar el vuelo electoral pese a las involuntarias y generosas ayudas dispensadas por Francisco Camps) la candidatura para la presidencia de Valencia. La comisión encargada de velar por la limpieza de esas elecciones internas, sin embargo, llegó a la conclusión de que Asunción no cumplía los requisitos necesarios para competir porque una parte de los avales exigidos eran falsos.
Pero la respuesta de Asunción no fue optar por la salida sino hacer oír la voz: adujo que la verificación de los avales no se había hecho en presencia de sus interventores y recurrió ante la jurisdicción ordinaria como instancia arbitral. Después de que el juzgado admitiera a trámite su demanda el 30 de noviembre, la Comisión de Garantías de los socialistas le abrió un expediente disciplinario por haber calificado de pucherazo la anulación de los avales y le suspendió de militancia.

http://elpais.com/diario/2011/01/12/espana/1294786816_850215.html

Acerca del autor:
Javier Pradera
El País

Acerca del libro:
Salida, voz y lealtad
Albert O. Hirschman